La máquina de impedir
Desde enero de 2018 Argentina cuenta con un instrumento fundamental para la baja de los costos logísticos y el aumento de la seguridad vial. La burocracia lo impide.
Después de más de 3 años de trabajo, el pasado 12 de enero el Gobierno Nacional finalmente modificó la Ley Nacional de Tránsito. Mediante el Decreto 32/2018 modificatorio de la antigua Ley N° 24.449/1995 se regula, entre otros aspectos, el aumento de la capacidad de los vehículos automotores aplicados al transporte de carga. El proyecto de escalabilidad impulsado originalmente por FADEEAC y CAFAS permite aumentar los pesos máximos que se pueden transmitir a la calzada con diversas alternativas. Se considera una nueva escala de distribución de ejes, aumentando por ende los valores de tara y carga y la tolerancia por cada uno mediante distintas configuraciones: modificación que busca adecuar y poner en valor a las unidades existentes y nuevas. El Decreto legisla además sobre la puesta en marcha de equipos conformados por una unidad tractora con dos (2) semirremolques biarticulados o Bitrenes. Se actualizan también los criterios de seguridad para los nuevos modelos de vehículos que entren en circulación.
En lo que al transporte y a la logística se refiere, el Decreto 32/18 pretende la baja de costos a través de la promoción de la utilización de equipos más económicos, con mayor seguridad vial y mejor productividad. Son equipos que mejoran el cuidado del medio ambiente, ahorran combustible, protegen las rutas, transportan más mercadería y cuentan con nueva tecnología.
La baja de los costos logísticos ayuda no sólo a combatir la inflación -porque permite ofrecer menores precios al consumidor-, sino también a la incorporación de hectáreas marginales de producción agrícola-ganadera y de bienes fabricados en zonas lejanas de los puertos, polos agroindustriales y grandes centros de consumo.
Lo nueva legislación promulgada por la Nación está vigente pero se aplica sólo al tráfico interjurisdiccional por rutas nacionales. Como la dinámica del transporte de cargas exige circular libremente por todo el territorio nacional, sus efectos no están de hecho operativos, ya que para su aplicación por otras rutas es obligatorio que cada provincia adhiera al Decreto 32/18. Muchas veces debido a causas burocráticas y otras debido a cuestiones difíciles de comprender, las provincias demoran su aprobación. Es decir que no se aprovechan las múltiples ventajas y beneficios directos e indirectos que el Decreto promueve.
La lenta adhesión provincial a la normativa inmoviliza activos y suspende inversiones, aspectos que se reflejan en la notoria caída de las ventas de camiones y remolques. Un ejemplo más de una burocracia que traba a un país que necesita eficiencia para generar trabajo y dólares genuinos.
Autor: Oscar Algranti, CEO de Logística Integrada S.A.